resulta evidente el impactonegativo que la situación esbozada tiene tanto sobre la vida como sobre el bienestar de la población y sobre el sector de la salud.
En primer lugar, el país está perdiendo una enorme cantidad de vidas humanas. Pero, además, son vidas de altísimo costo social pues dadas la juventud de la mayoría de las víctimas y el liderazgo de muchas de ellas en diferentes campos, resultan pérdidas afectivas, económicas y políticas muy grandes e imposibles de recuperar. El indicador del número de años de vida potencial perdidos es categórico: si la edad promedio de las víctimas es de 30 años, la esperanza de vida al nacer es aproximadamente de 70 años y se producen 25.000 homicidios al año, el país está perdiendo anualmente 1.000.000 de años de vida potencial. Y cómo medir el impacto de la orfandad, la viudez, la tristeza y la descomposición familiar producida por la violencia?
No cabe duda de que la calidad de vida de los colombianos y colombianas en lugar de mejorar se viene deteriorando en las últimas décadas. Y el principal factor de deterioro es la violencia. Tanto por sus consecuencias directas como por su capacidad para generar miedo, incertidumbre, inseguridad e impotencia, la guerra y las violencias destruyen el tejido social, desconfiguran los valores socialmente pautados, desestructuran psicológica y afectivamente a las personas y a los grupos y crean un clima de desesperanza y tristeza. A nivel individual son ya observables el incremento de problemas sicológicos como la depresión y el estrés postraumático ( 8) y los consiguientes trastornos de ansiedad, insomnio, depresión, alteraciones del apetito y de los ritmos vitales básicos y disminución de la alegría y de la sonrisa. La situación de violencia ha llevado, además, a modificaciones importantes en nuestros estilos de vida. Hemos modificado los horarios de ciertas actividades sociales, hemos reducido los espacios de movilización y recreación, y un número cada vez mayor de personas se ha visto forzada a recurrir a complejos mecanismos de seguridad, con la consiguiente pérdida de privacidad y el incremento de tensiones.
El desplazamiento forzoso se ha convertido en Colombia en una de las peores consecuencias de la violencia actual.(9) No se dispone de cifras exactas, pero hay estimaciones de que ya son cerca de dos millones las víctimas del desplazamiento interno por la violencia. Y es preciso señalar que aún la denominación de desplazado es inadecuada dado que no expresa la magnitud y complejidad de la tragedia que esconde. Más que desplazados son exiliados dentro de su propio país, son desarraigados por la fuerza del miedo y la intimidación de su entorno afectivo, geográfico, laboral y cultural y obligados a estar como nómadas y marginales en los cinturones de miseria de las ciudades y pueblos, carentes de casi todo y mirados con desconfianza e incomprensión.
Agrava la situación el hecho de que la mayor parte de la población desplazada son mujeres jefes de familia y niños y niñas desprotegidos, con serias limitaciones para enfrentar las nuevas condiciones y emprender una nueva vida.(10) Con argumentos más que suficientes, la comunidad internacional por intermedio de la delegación en el país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR - está planteando que el problema actual del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia debe considerarse como una tragedia humanitaria.
Infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a la Misión Sanitaria. Colombia es ya reconocida a nivel internacional como uno de los países que con mayor frecuencia, intensidad y variedad viola el DIH.(11-14) El deterioro de la imagen internacional del país por la gravedad de las violaciones se empeora aún más con la evidencia de la impunidad generalizada y la demostrada falta de decisión de las autoridades nacionales por investigar, sancionar y frenar el proceso.(15) A pesar de los esfuerzos para proyectar los logros positivos del país, va primando en el imaginario internacional la idea de un país violento, bárbaro, inseguro e impune.
Con frecuencia también creciente y con formas y modalidades cada vez más graves, el personal que trabaja en el sector salud, las instalaciones, equipos y medios de transporte, y las actividades médico-asistenciales son víctimas de los ataques y las acciones de las diferentes organizaciones armadas en conflicto.(16) Aún con grandes limitaciones en la información se pudo registrar que en los cuatro años comprendidos entre 1995 y 1998, 341 personas vinculadas al sector fueron víctimas directas del conflicto, 56 de ellas asesinadas.(15) Sólo en el departamento de Antioquia se registraron entre enero de 1995 y octubre de 1999 un total de 239 infracciones, atentados o violaciones contra la misión médica y sanitaria.(17) Y a nivel nacional, en 1998 se registraron 220 infracciones a la misión médica, con un promedio de una cada 1,6 días(18) y que incluyen desde asesinatos al personal en servicio hasta toma de instalaciones, ataques a la infraestructura, utilización indebida de ambulancias y otros vehículos de transporte de heridos y enfermos, atentados contra la práctica y el secreto profesionales y actos de perfidia.
Si bien el Consejo Internacional de Enfermería considera que de todo el personal de salud, el de enfermería es el más expuesto al riesgo de las distintas formas de violencia en el lugar de trabajo,(19) en el conflicto armado colombiano el personal auxiliar de enfermería ocupa el segundo lugar como víctima fatal dentro del personal del sector, precedido por los promotores y promotoras de salud. Ambos grupos de trabajadores del sector - promotores de salud y auxiliares de enfermería - son los que tienen mayor presencia en poblaciones pequeñas y en el sector rural. Según los datos del estudio del CICR ya citados, del total de 56 trabajadores del sector asesinados en el período estudiado, 17 (30%) eran promotores de salud y 14 (25%) auxiliares de enfermería.(16) Según el estudio de Antioquia, de los 22 funcionarios del sector asesinados entre 1995 y 1999, 7 (32%) eran promotores de salud y 4 (18%) auxiliares de enfermería.( 16) A pesar de los problemas de subregistro de esta problemática y del desinterés de las propias autoridades sanitarias por divulgarlo e intervenir, es preocupante el incremento de graves violaciones a la Misión Sanitaria en el primer semestre del presente año. Con mayor frecuencia cada vez, tales hechos incluyen el asesinato o la desaparición de los profesionales y trabajadores de la salud.
El conjunto, la frecuencia y la gravedad creciente de las infracciones a la Misión Sanitaria están produciendo consecuencias negativas tanto para el personal de salud, como para la población civil y para los propios actores del conflicto. La pérdida de la seguridad en las instituciones del sector hace que ni el personal sanitario esté en condiciones de prestar sus servicios ni la población sienta la confianza requerida para solicitar atención. Además, un número aún no cuantificado, pero cada vez mayor de médicos, enfermeras y personal técnico y administrativo del sector ha tenido que salir forzosamente de sus lugares de trabajo convirtiéndose en algunos casos en desplazados y desempleados.
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