11.17.2010
LA VIOLENCIA EN COLOMBIA.
Cuando se habla de "la violencia en Colombia" se corre el riesgo de emplear una fórmula que muchas personas entienden de muy diferentes modos. Unos piensan en los horribles crímenes del narcotráfico, con sus asesinos a sueldo o "sicarios", sus bombas y sus implacables atentados contra jueces, periodistas y políticos honrados. Otros piensan en los grupos paramilitares con las espeluznantes masacres, mutilaciones y torturas de sus víctimas que son casi siempre gente humilde del pueblo, trabajadores, campesinos, estudiantes, sindicalistas. Otros evocan las emboscadas guerrilleras, los atentados contra oleoductos y empresas extranjeras, los ajusticiamientos de "sapos" presuntos o reales y, últimamente, las ejecuciones en masa de personas desarmadas de diversa edad y condición. Otros, en fin, traen a la mente los secuestros, los robos, la delincuencia brutal de las ciudades y los campos, en un país que ostenta las más altas cifras de muertos por causas de violencia en todo el continente americano, con 40.000 víctimas cada año.
Pero sea cual sea la imagen que uno tenga en la mente cuando pronuncia la expresión "violencia en Colombia", quedan siempre en pie estos hechos terribles: en las ciudades y regiones más densamente pobladas del país, la primera causa de muerte es el asesinato o el homicidio y la segunda, el infarto cardíaco. Colombia tiene el récord mundial de secuestros, con un índice de un secuestro cada seis horas. Tiene también el récord mundial, en cifras absolutas, de refugiados internos (desplazados): más que Ruanda o Zaire, Bosnia, Afganistán, Kurdistán y Chechenia. Más del diez por ciento del total de periodistas asesinados en el mundo entero en los últimos cinco años, son colombianos. Colombia tiene el récord continental de asesinatos de maestros y solamente es superada en este flagelo, a nivel mundial, por Argelia. Colombia es el único país en el mundo que ha sufrido en un solo año (1989-1990) el asesinato de tres candidatos a la Presidencia de la República (Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro). Por si esto fuera poco, todos los expertos coinciden en pronosticar que el período pre-electoral 1997-98 será el más violento en toda la historia de Colombia.
Estos datos son, por sí solos, terroríficos. Pero toda su horrenda significación se pone al descubierto cuando se establece que cerca del 70 por ciento de todas las violaciones de los Derechos Humanos que se cometen en el país, son de responsabilidad de agentes del Estado colombiano, militares, policiales y paramilitares.
(Aquí debo, por fuerza, hacer una precisión. Los representantes de una guerrilla colombiana en Suecia han protestado por la publicación de estas cifras porque, según ellos, lo que estoy afirmando en realidad es que la guerrilla de ellos es responsable del 30 por ciento de las violaciones de Derechos Humanos en Colombia. Su razonamiento es éste: "Si se dice que el 70 por ciento de las violaciones de Derechos Humanos en Colombia son de responsabilidad del estado, el 30 por ciento restante deberá por lógica ser responsabilidad nuestra. Por lo tanto, se nos está calumniando y en consecuencia se le está haciendo el juego a los paramilitares". Así lo han expresado públicamente, por consejo y asesoría de un viejo provocador profesional cuya labor consiste en sembrar odios y recelos entre los colombianos residentes en Suecia, a cambio de un sueldo que le pagan los inversionistas suecos en Colombia.
Pero la realidad es otra. Si se dice que el 70 por ciento de las violaciones de los Derechos Humanos en Colombia son de responsabilidad del estado colombiano, se dice eso y nada más que eso, repitiendo simplemente lo que dice Amnistía Internacional en su informe de 1996, lo que dicen los juristas colombianos y lo que dijo en su oportunidad el Defensor del Pueblo, doctor Jaime Córdova Triviño. Del 30 por ciento restante nada se ha dicho por ahora. Pero no tengo ningún inconveniente en decir lo que me parece sobre ese punto: el 30 por ciento restante deben repartírselo entre la mafia del narcotráfico, la delincuencia común, los agentes de alguna potencia extranjera y los diversos grupos guerrilleros que operan en el país. Queda claro, entonces, que una de las guerrillas no es responsable por el 30 por ciento sino por menos. Y como no dispongo de cifras confiables al respecto, prefiero no decir nada en ese particular.)
Paralelamente Colombia tiene, igualmente, el récord mundial en cantidad de organizaciones independientes ocupadas en la defensa de los Derechos Humanos. Hay comités regionales y locales, organizaciones de abogados y centros que se especializan en la defensa de determinados grupos de la población, por su identidad étnica o cultural, por su actividad profesional, etc. Se pensaría que todos esos esfuerzos están coordinados a través de una red de solidaridad nacional e internacional que garantiza la más amplia defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Pero, por desgracia, éste no es siempre el caso. Con frecuencia se observa una celosa desconfianza mutua entre los distintos grupos de activistas por los Derechos Humanos. La gran diversidad de estos grupos no parece obedecer a la necesidad de extender la solidaridad a todos los sectores de la población civil afectados por la violencia, sino más bien a la urgencia que tiene cada grupo de asegurarse para sí y sus allegados una defensa que los otros grupos no les ofrecen, por exclusión sectaria o por otras razones ideológicas o políticas. En otras palabras, la enorme diversidad y dispersión, la falta de unidad y de coordinación en los trabajos por los Derechos Humanos, no son sino el reflejo de la trágica dispersión, división y fraccionamiento de las fuerzas y corrientes políticas del pueblo colombiano.
A esta dispersión, caracterizada por la desconfianza recíproca, el recelo y la endurecida negativa de unos y otros a asumir tareas conjuntas en bien del pueblo, contribuyen los agentes provocadores del estado, dentro del país y en el exilio. Estos agentes se infiltran en organizaciones de izquierda, siembran la división, la arrogancia sectaria, la política del aislamiento y del desprecio hacia los demás, exacerban la desconfianza mediante calumnias y rumores, manipulan los sentimientos de personas honradas que han sido perseguidas o torturadas y crean un clima de recelos y de odios personales que solamente conviene y trae beneficios a los enemigos del pueblo. Y una vez que han cumplido estos objetivos, salen frescamente de las organizaciones de izquierda donde han actuado, aduciendo "discrepancias ideológicas" y corren a recibir su salario de Judas, que en ocasiones se disfraza de "apoyo a la investigación" pagado por las empresas extranjeras que tienen inversiones en Colombia y que se lucran de la masacre diaria del pueblo colombiano.
Ahora bien, la violencia que se ejerce en Colombia es principalmente una violencia sistemática y generalizada contra la población civil. Se mata individualmente o en masa a estudiantes, trabajadores, campesinos, colonos, indígenas, amas de casa, ancianos y niños. Es una violencia que se aplica con sadismo y con rituales de bestialidad horripilantes. Los niños son degollados en presencia de sus padres. Se arrancan los ojos y los órganos internos a campesinos y obreros. Se despedaza a machete el feto en el vientre de su madre. Se hace todo esto para "castigar" los delitos reales o supuestos del marido, del hermano, del padre o del tío, o para "hacer justicia", porque a uno le han hecho lo mismo en su hermana, su hijo o su madre. Detrás de todos estos horrores no hay una guerra sino muchas guerras superpuestas, muchos odios transmitidos y ejercidos de generación en generación. Los individuos armados y organizados, sea en las fuerzas militares del estado, sea en las guerrillas, sea en los grupos paramilitares o en las organizaciones criminales, ciertamente combaten y tienen sus muertos y sus heridos. Pero esas bajas son una pequeña parte del total de muertos y heridos en el proceso de la violencia colombiana. Como en Ruanda, la enorme mayoría de las víctimas de la violencia en Colombia son gente desarmada y pacífica, son población civil.
(Aquí va otra aclaración. Se me ha dicho que "la población civil no existe". Según esta nueva teoría, todos los colombianos son combatientes en una guerra no declarada. Los defensores de esta posición, digna de Pol Pot, han confundido el concepto discutible de "sociedad civil" con el concepto universalmente reconocido de "población civil", es decir, la parte de la población que no lleva armas, que no participa en enfrentamientos armados, y que desde hace más de dos siglos tiene derechos reconocidos por las normas y códigos de guerra en Occidente. Negar la existencia -y por ende los derechos- de la población civil, significa automáticamente justificar, legalizar, aceptar los crímenes y las masacres cometidas por los paramilitares y por otros grupos armados en contra de campesinos pacíficos, mujeres, niños y ancianos. Significa justificar el genocidio, los crímenes contra la humanidad.)
Al mismo tiempo, al lado de la sociedad ensangrentada, funciona otra Colombia: en importantes regiones del país se trabaja y se vive en una relativa calma, las grandes empresas nacionales y extranjeras recogen enormes ganancias y el movimiento sindical, marcado por la división y por una cierta inercia, parece haberse conformado con los salarios mínimos, la extrema pobreza y la superexplotación de la fuerza de trabajo. La violencia desatada y la paz del conformismo coexisten en la misma nación de mil modos increíbles. Se convive con la muerte y con la fiesta, se trabaja con ahínco y se hace vida social intensa sin dejar de desconfiar de todo el mundo y sin hacerse muchas ilusiones. En cualquier momento puede pasar lo peor, pero se trata de vivir lo mejor posible.
IMPACTO DE LA GUERRA Y LA VIOLENCIA SOBRE LA VIDA, EN COLOMBIA
En primer lugar, el país está perdiendo una enorme cantidad de vidas humanas. Pero, además, son vidas de altísimo costo social pues dadas la juventud de la mayoría de las víctimas y el liderazgo de muchas de ellas en diferentes campos, resultan pérdidas afectivas, económicas y políticas muy grandes e imposibles de recuperar. El indicador del número de años de vida potencial perdidos es categórico: si la edad promedio de las víctimas es de 30 años, la esperanza de vida al nacer es aproximadamente de 70 años y se producen 25.000 homicidios al año, el país está perdiendo anualmente 1.000.000 de años de vida potencial. Y cómo medir el impacto de la orfandad, la viudez, la tristeza y la descomposición familiar producida por la violencia?
No cabe duda de que la calidad de vida de los colombianos y colombianas en lugar de mejorar se viene deteriorando en las últimas décadas. Y el principal factor de deterioro es la violencia. Tanto por sus consecuencias directas como por su capacidad para generar miedo, incertidumbre, inseguridad e impotencia, la guerra y las violencias destruyen el tejido social, desconfiguran los valores socialmente pautados, desestructuran psicológica y afectivamente a las personas y a los grupos y crean un clima de desesperanza y tristeza. A nivel individual son ya observables el incremento de problemas sicológicos como la depresión y el estrés postraumático ( 8) y los consiguientes trastornos de ansiedad, insomnio, depresión, alteraciones del apetito y de los ritmos vitales básicos y disminución de la alegría y de la sonrisa. La situación de violencia ha llevado, además, a modificaciones importantes en nuestros estilos de vida. Hemos modificado los horarios de ciertas actividades sociales, hemos reducido los espacios de movilización y recreación, y un número cada vez mayor de personas se ha visto forzada a recurrir a complejos mecanismos de seguridad, con la consiguiente pérdida de privacidad y el incremento de tensiones.
El desplazamiento forzoso se ha convertido en Colombia en una de las peores consecuencias de la violencia actual.(9) No se dispone de cifras exactas, pero hay estimaciones de que ya son cerca de dos millones las víctimas del desplazamiento interno por la violencia. Y es preciso señalar que aún la denominación de desplazado es inadecuada dado que no expresa la magnitud y complejidad de la tragedia que esconde. Más que desplazados son exiliados dentro de su propio país, son desarraigados por la fuerza del miedo y la intimidación de su entorno afectivo, geográfico, laboral y cultural y obligados a estar como nómadas y marginales en los cinturones de miseria de las ciudades y pueblos, carentes de casi todo y mirados con desconfianza e incomprensión.
Agrava la situación el hecho de que la mayor parte de la población desplazada son mujeres jefes de familia y niños y niñas desprotegidos, con serias limitaciones para enfrentar las nuevas condiciones y emprender una nueva vida.(10) Con argumentos más que suficientes, la comunidad internacional por intermedio de la delegación en el país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR - está planteando que el problema actual del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia debe considerarse como una tragedia humanitaria.
Infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a la Misión Sanitaria. Colombia es ya reconocida a nivel internacional como uno de los países que con mayor frecuencia, intensidad y variedad viola el DIH.(11-14) El deterioro de la imagen internacional del país por la gravedad de las violaciones se empeora aún más con la evidencia de la impunidad generalizada y la demostrada falta de decisión de las autoridades nacionales por investigar, sancionar y frenar el proceso.(15) A pesar de los esfuerzos para proyectar los logros positivos del país, va primando en el imaginario internacional la idea de un país violento, bárbaro, inseguro e impune.
Con frecuencia también creciente y con formas y modalidades cada vez más graves, el personal que trabaja en el sector salud, las instalaciones, equipos y medios de transporte, y las actividades médico-asistenciales son víctimas de los ataques y las acciones de las diferentes organizaciones armadas en conflicto.(16) Aún con grandes limitaciones en la información se pudo registrar que en los cuatro años comprendidos entre 1995 y 1998, 341 personas vinculadas al sector fueron víctimas directas del conflicto, 56 de ellas asesinadas.(15) Sólo en el departamento de Antioquia se registraron entre enero de 1995 y octubre de 1999 un total de 239 infracciones, atentados o violaciones contra la misión médica y sanitaria.(17) Y a nivel nacional, en 1998 se registraron 220 infracciones a la misión médica, con un promedio de una cada 1,6 días(18) y que incluyen desde asesinatos al personal en servicio hasta toma de instalaciones, ataques a la infraestructura, utilización indebida de ambulancias y otros vehículos de transporte de heridos y enfermos, atentados contra la práctica y el secreto profesionales y actos de perfidia.
Si bien el Consejo Internacional de Enfermería considera que de todo el personal de salud, el de enfermería es el más expuesto al riesgo de las distintas formas de violencia en el lugar de trabajo,(19) en el conflicto armado colombiano el personal auxiliar de enfermería ocupa el segundo lugar como víctima fatal dentro del personal del sector, precedido por los promotores y promotoras de salud. Ambos grupos de trabajadores del sector - promotores de salud y auxiliares de enfermería - son los que tienen mayor presencia en poblaciones pequeñas y en el sector rural. Según los datos del estudio del CICR ya citados, del total de 56 trabajadores del sector asesinados en el período estudiado, 17 (30%) eran promotores de salud y 14 (25%) auxiliares de enfermería.(16) Según el estudio de Antioquia, de los 22 funcionarios del sector asesinados entre 1995 y 1999, 7 (32%) eran promotores de salud y 4 (18%) auxiliares de enfermería.( 16) A pesar de los problemas de subregistro de esta problemática y del desinterés de las propias autoridades sanitarias por divulgarlo e intervenir, es preocupante el incremento de graves violaciones a la Misión Sanitaria en el primer semestre del presente año. Con mayor frecuencia cada vez, tales hechos incluyen el asesinato o la desaparición de los profesionales y trabajadores de la salud.
El conjunto, la frecuencia y la gravedad creciente de las infracciones a la Misión Sanitaria están produciendo consecuencias negativas tanto para el personal de salud, como para la población civil y para los propios actores del conflicto. La pérdida de la seguridad en las instituciones del sector hace que ni el personal sanitario esté en condiciones de prestar sus servicios ni la población sienta la confianza requerida para solicitar atención. Además, un número aún no cuantificado, pero cada vez mayor de médicos, enfermeras y personal técnico y administrativo del sector ha tenido que salir forzosamente de sus lugares de trabajo convirtiéndose en algunos casos en desplazados y desempleados.
ALGO SOBRE LA VIOLENCIA ACTUAL EN COLOMBIA
Posiblemente el mejor y más preocupante indicador actual de la magnitud de la violencia que vivimos sea el de los homicidios. En los últimos veinticinco años del siglo pasado el país casi llegó a un total de medio millón de homicidios. En la última década se registró un promedio anual de 25.000 homicidios. En el año 2000 el país superó dicho promedio y alcanzó un total de 25.655 homicidios, para una tasa de 61 homicidios por cien mil habitantes, según los datos del Centro Nacional de Referencia sobre Violencia del Instituto de Medicina Legal. Como la tasa media mundial es de 5 por cien mil, puede apreciarse la magnitud de la tragedia: Colombia tiene en la actualidad una tasa de homicidios doce veces superior a la mundial. (5)
Pero si las cifras totales causan alarma, su desagregación por edades, sexos, regiones y sectores sociales y la mirada detallada de algunos de los hechos deberían producir una inmediata respuesta nacional e internacional. Sólo tres ejemplos. Primero: en el departamento de Antioquia, en 1994, 88% del total de las defunciones de los hombres adolescentes entre 15 y 19 años se debió a una sola causa: los homicidios.(6) En las mujeres de la misma región y del mismo grupo de edad el porcentaje alcanzó 46%. La mitad de los niños de 10-14 años del mismo departamento que murieron en ese año, murieron también de homicidio. Segundo: en el año 2000, según el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional, hubo en el país un total de 236 masacres, con un total de 1403 víctimas fatales. El 45% de ellas fueron cometidas por las denominadas “autodefensas”- organizaciones paramilitares- y tuvieron sus principales escenarios en los departamentos de Antioquia y Cesar. Y tercero: durante la semana santa de 2001, los paramilitares incursionaron en la región del Naya, al sur del país. El balance incompleto incluye más de 40 personas asesinadas entre campesinos e indígenas. Y no ahorraron crueldad los autores de la masacre: recurrieron a las sierras eléctricas y al descuartizamiento de sus víctimas. Todo ello en “semana santa”.
No sólo los homicidios denuncian los niveles de barbarie. El secuestro se ha convertido en una amenaza permanente y casi indiscriminada para toda la población. El promedio diario actual es de aproximadamente cinco, incluyendo las diferentes modalidades: individual, colectivo, extorsivo, político, delincuencial. Sin alcanzar las magnitudes del homicidio y el secuestro, el país padece muchas otras formas de violencia. El maltrato infantil en los distintos escenarios de la vida social, el maltrato contra las mujeres y contra los ancianos en la familia y en otras instituciones, los asaltos en las calles e inclusive el suicidio constituyen otras formas de violencia registradas en el país,(7) pero con frecuencia e intensidad comparables e inclusive inferiores a las de otros países.